Desde el año 1994 existía un Plan General en el que constaban 1700 viviendas de protección oficial -VPO- que debían ser construidas. Al llegar el Partido Popular al poder, se mantiene la iniciativa pero con una serie de modificaciones. Se construyen 44 viviendas a un precio en torno a los 17 millones de pesetas, hecho que es un precedente para los jóvenes, por tener un precio asequible para éstos. A raíz de esto, nace EMGV, que será la que lleve a cabo la ejecución de las obras.

En el año 2005, el Partido Socialista presenta una alternativa exigiendo unos nuevos requisitos para poder optar a las viviendas, entre los que se encuentra solicitan el empadronamiento del adjudicatario y que exista una igualdad de condiciones en la  adquisición de la vivienda. A esta medida, el PP considera de mayor relevancia otros requerimientos, rechazando la propuesta del PSOE.

Surge el Primer Plan de Vivienda, lo que comprende un total de 200 viviendas en venta y 600 en alquiler con derecho a compra. El modelo adoptado por la EMGV es el conocido como Vivienda de Protección de Precio Limitado -VPPL-, el modelo más caro que permite la Comunidad de Madrid, realizándose las adjudicaciones por baremo y no por sorteo. Según el PSOE, los adjudicatarios seleccionados entre aquellos que tienen menos recursos o más necesidades.

Una vez adjudicadas las viviendas, según el Grupo Municipal Socialista,  al acogerse los populares al módulo de precio más alto o limitado -aprox. 1.850 euros por módulo- frente a lo que se había planteado en un principio en los requisitos, el EMGV exige a los adjudicatarios encontrar la financiación en 10 días y abonar en 30 días una cantidad estimada entres los 40.000 y los 60.000 euros en concepto de entrada -un 20% total del valor del piso-, ya que si no efectúan el pago, deberán renunciar a la vivienda. El problema que ha surgido es que los roceños no pueden hacerse cargo de ese precio.

La portavoz adjunta socialista, Lucía Casares, denuncia, además, que «se obligue a los adjudicatarios a comprar una segunda plaza de garaje, pagando 30.000 euros más». Desde el Grupo Municipal Socialista se pretende «que no se obligue a esto», una entrega a los adjudicatarios de una Memoria de Calidad para que tengan conocimiento de lo que están comprando, así como también proponen que «sea el Ayuntamiento el que les avale para que los vecinos roceños mantengan el arraigo, ya que no hay quién vele por  los ciudadanos de Las Rozas».

Por el contrario, desde el Ayuntamiento, señalan que los precios de las viviendas ya se sabían, incluido el precio del anticipo. Según éste, el problema es la situación económica actual, ya que la gente no puede hacer frente a los pagos.

En relación al alto precio de la vivienda, han afirmado que las viviendas forman parte de un plan de categoría, ya que se optó por construir en una de las mejores zonas del municipio. No es problema de Las Rozas ni de ningún otro municipio, es culpa de la situación en la que se encuentran los bancos, que no ofrecen préstamos a nadie, ya que el tema de la vivienda y la construcción afecta a este campo.

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